“Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás”. -Nelson Mandela
Claudia Lucía Castro Barnechea[1] y Pedro Junior Calvay Torres[2]
Palabras clave: Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, Protección ciudadana, Autonomía institucional, Transparencia
La Defensoría del Pueblo es una institución constitucionalmente autónoma que tiene como propósito fundamental la protección de los derechos de las personas frente a posibles abusos o negligencias por parte del Estado. Su labor programática es defender al ciudadano/a y garantizar que se respeten sus derechos humanos.
Ahora bien, el proceso de selección del Defensor o Defensora del Pueblo debería ser un proceso transparente, democrático y, sobre todo, legítimo; más aún cuando se trata de un funcionario o funcionaria que asume uno de los cargos más importantes de control del poder político que existen en el país, como parte esencial del sistema de “checks and balances” (controles y equilibrios). No obstante, como veremos en las siguientes líneas, la forma en que se han adoptado las decisiones detrás de la selección de sus miembros se ha convertido en un proceso polémico que ha puesto en cuestión la propia legitimidad de la institución.
El proceso de selección de los Defensores del Pueblo históricamente no ha sido un proceso pacífico en el Perú. Tal vez influenciado por el fuerte contexto político que marca la selección de los funcionarios encargados de su representación. En esto ha sido muy común observar cómo los cargos de esta naturaleza han recaído cada vez más en personas que desarrollan la función de manera interina que de personas realmente seleccionadas por el Congreso de la República. Podríamos decir que el Congreso ha adoptado “decidir no decidir” como una política constante a la hora de abordar el nombramiento de este funcionario/a usualmente motivados por considerar a la Defensoría como un elemento para la negociación en las componendas políticas del Congreso.
Elegir a un/a Defensor/a así se ha convertido realmente en un proceso de sorteo de intereses y no en uno centrado en los fines más esenciales de su existencia. Es allí donde nos planteamos en este breve artículo reflexionar sobre los caminos que deberíamos recorrer en este difícil escenario y cómo, volviendo hacia los derechos humanos, podremos construir una hoja de ruta para la Defensoría del Pueblo.
- Recordemos las funciones de la Defensoría actualmente y su importancia para la garantía de la democracia y la protección de los derechos de peruanos y peruanas
La Defensoría del Pueblo en Perú tiene varias funciones esenciales, de acuerdo con la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. A continuación, detallamos algunas de las más importantes:
- Defender la constitucionalidad y los derechos humanos: La Defensoría del Pueblo tiene la tarea de defender los derechos fundamentales de las personas, proteger la constitucionalidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Esto implica la figura por medio de la cual el Defensor o Defensora interviene en procesos de constitucionalidad, informes defensoriales y amicus curiae en temas de relevancia social. Ejemplo de ello, es el caso de los informes sobre la conflictividad social ambiental donde fue la Defensoría la primera en presentar un mapa del país de los principales conflictos y proponer recomendaciones para resolverlos.
- Supervisión de servicios públicos: La Defensoría supervisa los servicios públicos para asegurar que se proporcionen de manera justa y eficiente. Destaca, por ejemplo, la supervisión a comisarías donde la Defensoría tuvo oportunidad de llamar la atención sobre las malas condiciones de la mayoría de los establecimientos en el país (Defensoría del Pueblo, 2012).
- Presentar informes y recomendaciones: La Defensoría del Pueblo puede presentar informes al Congreso sobre problemas y temas específicos, y puede hacer recomendaciones a las autoridades y entidades correspondientes para mejorar la administración y proteger los derechos humanos. Al respecto, destaca, por ejemplo, las recomendaciones que hiciera la Defensoría en torno a los problemas de hacinamiento carcelario en años recientes (Defensoría del Pueblo, 2020).
- Promover la educación en derechos humanos: Parte del trabajo de la Defensoría del Pueblo es promover la educación y la conciencia sobre los derechos humanos entre los ciudadanos/as peruanos/as. En esta labor destacan las actividades de difusión de sus informes defensoriales, así como las actividades académicas promovidas por las diferentes adjuntías a nivel nacional.
- Investigación de las denuncias: La Defensoría tiene la capacidad de investigar las quejas presentadas por los ciudadanos sobre violaciones de sus derechos por parte del gobierno o de las entidades del sector público. Destaca, por ejemplo, la intervención de la Defensoría en casos de violencia física en niños de educación inicial (Defensoría del Pueblo, 2022).
- Mediación y conciliación: Cuando se presentan conflictos o problemas, la Defensoría puede actuar como mediadora o conciliadora para ayudar a resolverlos. En esto destaca, por ejemplo, el rol de mediador que ha tenido en muchos conflictos socioambientales en el país.
- Promoción de políticas públicas: La Defensoría puede proponer modificaciones legislativas y políticas públicas para mejorar la protección de los derechos humanos y el funcionamiento del Estado. Destaca el proyecto de ley presentado recientemente para garantizar la autonomía del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Defensoría del Pueblo, 2022).
Es importante recordar que la Defensoría del Pueblo en Perú es una entidad autónoma y no recibe instrucciones de ninguna autoridad, por lo que su trabajo debería ser independiente y basarse en los principios de justicia y derechos humanos que rigen en una democracia. La eventual politización de estas competencias podría funcionar como un obstáculo para el acceso a la justicia para las poblaciones en situación de especial vulnerabilidad.
- La importancia de la Defensoría para los derechos humanos
La democracia peruana tambalea desde los últimos años en una crisis de legitimidad que pone a los derechos humanos en el centro de los principales riesgos para la propia continuidad del sistema democrático en el país. Así, por ejemplo, la seguridad ciudadana, la migración venezolana, la lucha contra la corrupción, la violencia contra la mujer, la protección de los defensores de los derechos humanos, el enfoque de género en la educación y la protesta social son tan solo algunos de los aspectos donde la agenda de los principales problemas públicos son en realidad problemas que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, de allí que la presencia de un/a Defensor/a del Pueblo idóneo se hace urgente en nuestra actualidad.
La Defensoría del Pueblo es de vital importancia para la protección y promoción de los derechos humanos en el Perú en momentos como el actual. Donde los principales entes constitucionales que deberían defender los derechos humanos se encuentran en abierto cuestionamiento. Un Tribunal Constitucional con decisiones cuestionables, un Poder Judicial con percepciones de corrupción y un Ministerio Público acusado de un control político de sus actuaciones son sintomáticos de un clima para nada favorable para los ciudadanos/as. Deberían ser momentos como este una oportunidad para que la Defensoría asuma su rol de garante de los derechos humanos investigando las irregularidades que son denunciadas, poniendo en debate las propuestas de legislación y políticas pública adoptadas recientemente, así como hacer un real control de las actuaciones de otros órganos del Estado donde la arbitrariedad es moneda corriente.
¿Dejó entonces de ser la Defensoría un espacio de defensa de esta agenda de derechos? Consideramos que no, son momentos como este donde el Defensor deberá decidir entre asumir seriamente el rol constitucional garantizando un espacio de diálogo y de mediación para buscar resolver conflictos guiado por los principios transparencia y rendición de cuentas o podrá convertirse en un actor más que agrave la profunda crisis democrática que vive el país.
3. Contexto actual de la elección del Defensor del Pueblo
Lamentablemente, como veníamos señalando, los procesos de selección de los últimos años no han sido un ejemplo de meritocracia. Los criterios políticos han eclipsado estos procesos, plagando de cuestionamientos a los elegidos para el cargo. En esto no ayudó el propio Tribunal Constitucional que validó indirectamente este proceso con la nefasta decisión en el caso en el Exp. 00003-2022-CC/TC en donde quitó la posibilidad del control judicial de la forma en cómo se venía eligiendo al Defensor del Pueblo, contradiciendo los propios parámetros anteriores del mismo Tribunal Constitucional.
Ya con los indicios existentes, el proceso se vio ampliamente cuestionado por las declaraciones públicas sobre la forma en cómo decidieron los congresistas, no en base a méritos académicos ni profesionales sino a criterios aparentemente “políticos”, al respecto es por demás notoria la declaración del congresista Edwin Martínez que señaló: “Yo estaba en rojo en ese momento. En cinco segundos tomé la decisión, tal vez medio romanticona porque una de las trabajadoras de mi despacho es de Huánuco, tiene cierto conocimiento de la trayectoria del Defensor del Pueblo cuando era congresista, había ayudado a varias zonas allá”. (El Comercio, 2023)
Así también, el Defensor del Pueblo ha sido fuertemente cuestionado por sus vinculaciones con personajes como Vladimir Cerrón y el partido político del que, hasta hace muy poco, habría formado parte (El País, mayo 2023). Esto es especialmente grave si se toma en cuenta los criterios sostenidos por Cerrón en torno a la agenda de derechos humanos y el marcado negacionismo que ha expresado sobre el papel de organismos internacionales de derechos humanos tildándolos de “caviares” o apuntando a su supuesta inutilidad.
Por otro lado, el actual Defensor también ha recibido una fuerte crítica por manifestarse de manera discriminatoria en su entrevista durante el proceso de selección ante el Congreso. En esa ocasión, fue consultado por las actividades realizadas por la Defensoría sobre el Día de la Visibilidad Lésbica, a lo que respondió: “Son deformidades que hay que corregir y hay que ser categóricos y contundentes. Soy amante de las libertades […] Estas deformidades son libertinajes, estas deformidades no contribuyen a hacer institucionalidad, tampoco al Estado. Por lo tanto, hay que corregir estas conductas y no ideologizar nada” (Panamericana Televisión, 2023).
A pesar de todo lo señalado y de los pronunciamientos judiciales respecto al proceso de selección que realizaba el Congreso, el abogado Josué Gutiérrez fue elegido Defensor del Pueblo y se encuentra ya en funciones. Lo que nos lleva a cuestionar fuertemente los criterios de selección y el proceso que lleva a la elección de una persona con estas características en un cargo tan crucial para nuestro país.
4. ¿Por qué el Defensor del Pueblo debe ser un defensor de derechos humanos?
Ser un defensor de derechos humanos implica mucho más que solo autodenominarse de esa forma. Ser defensor o defensora de derechos humanos no es una etiqueta que se usa por conveniencia, es una denominación que se gana con años de trabajo y dedicación. En el caso peruano, esta labor no solo es simbólica sino heroica pues incluso muchas personas entre activistas y abogados/as que trabajan en derechos humanos han pagado con su vida el levantar la voz frente a las arbitrariedades.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un defensor o defensora de derechos humanos es “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional” (CIDH, 2011).
Esta definición del Sistema Interamericano coincide con lo indicado por el Relator Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, que señala:
Un defensor de los derechos humanos es toda persona que, individual o colectivamente, actúa o desea actuar para promover, proteger o procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos local, nacional, regional o internacional. (Naciones Unidas, 2018)
Como se puede ver, ser Defensor del Pueblo implica mucho más que tener un cargo político o un espacio de visibilidad pública. Ser Defensor del Pueblo requiere ser un jurista defensor de derechos humanos en la realidad. Un profesional del Derecho con una moral intachable, una actuación impecable y comprobada de defensa activa de los derechos de peruanos y peruanas, y un expertise que no cualquier abogado/a tiene. No basta con saber Derecho para ser defensor, hay que conocer la materia jurídica específica y demostrar compromiso ético y profesional con la causa.
No son pocos los profesionales en nuestro país que tienen la capacidad para asumir este importante puesto. Sin embargo, vemos cómo los procesos de selección terminan siendo un tema meramente de intereses políticos. Por todo esto, nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver a un o una verdadero/a defensor/a de derechos humanos en ese cargo?
5. Y, ¿ahora?… ¿Quién podrá ayudarnos?
Los momentos críticos como el actual son valiosas oportunidades para exigir cambios desde el control ciudadano y el uso de los procesos que tiene la Defensoría para visibilizar la agenda de derechos humanos.
- Renovando el activismo por los derechos humanos en la sociedad civil. Una de las cosas que debe ser puesta en valor es el papel que pueden tener los colectivos que representan a los grupos de especial vulnerabilidad. En esto último es importante el rol que debe asumirse desde las facultades de Derecho, docentes, colegios de abogados e incluso estudiantes de Derecho que no solo ponga en cuestión las acciones del poder desde lo académico, sino que tome protagonismo en la defensa explícita de los derechos humanos, exigiendo transparencia a la labor defensorial y el fiel cumplimiento en sus funciones constitucionales.
En esta estrategia un importante tema de agenda es exigir pronunciamientos concretos de la Defensoría sobre la acción del Congreso que en los últimos meses viene generando una legislación contraria a los parámetros internacionales y constitucionales de los derechos fundamentales.
- Transparencia y rendición de cuentas. También será relevante la exigencia de rendición de cuentas que pueda hacerse a nivel de organizaciones o a nivel ciudadano. En esto es importante que se haga un uso constante de las solicitudes de acceso a la información pública y de lo que publique la Defensoría en sus portales de transparencia.
- Presión en instancias supranacionales del Sistema Interamericano y Sistema Universal. Es fundamental que en escenarios donde la Defensoría se niegue a actuar se recurra a instancias supranacionales en procedimientos contenciosos o de carácter político que permitan visibilizar la situación de los derechos humanos y exigir cambios al Estado. Entre las acciones posibles están la solicitud de audiencias temáticas en la CIDH, presentación de medidas cautelares en CIDH, solicitud de informes en el Examen Periódico Universal, presentación de casos en los Comités de Naciones Unidas, entre otros.
….
No podemos predecir el futuro, pero sí actuar para cambiarlo. La defensa de los derechos humanos nos demanda acción en tiempos de dificultad, incluso con el escenario en el que se ha elegido al actual Defensor. Sigamos vigilantes y actuemos con la esperanza de transformar el futuro de todos los peruanos y peruanos. Nuestro país nos necesita para la defensa de nuestros derechos.
Bibliografía
Defensoría del Pueblo (2012). Reporte sobre supervisión de comisarías en 24 departamentos a nivel nacional. https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2012/REPORTE-SUPERVISION-COMISARIAS-2012.pdf
Defensoría del Pueblo. (2020). Frente al riesgo de masificación del contagio, Defensoría del Pueblo plantea recomendaciones para deshacinar las cárceles. https://www.defensoria.gob.pe/frente-al-riesgo-de-masificacion-del-contagio-defensoria-del-pueblo-plantea-recomendaciones-para-deshacinar-las-carceles/
Defensoría del Pueblo. (2022). Defensoría del Pueblo solicita a UGEL 01 investigar a docente por presuntos hechos de violencia física y psicológica a estudiantes de educación inicial. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-solicita-a-ugel-01-investigar-a-docente-por-presuntos-hechos-de-violencia-fisica-y-psicologica-a-estudiantes-de-educacion-inicial/
Defensoría del Pueblo (2022). Defensoría del Pueblo presenta proyecto de ley para garantizar la autonomía del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-presenta-proyecto-de-ley-para-garantizar-la-autonomia-del-instituto-nacional-de-radio-y-television-del-peru/
El Comercio (2023). Edwin Martínez sobre elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo: “No quedaba otra alternativa”. https://elcomercio.pe/politica/congreso/edwin-martinez-sobre-eleccion-de-josue-gutierrez-como-defensor-del-pueblo-no-quedaba-otra-alternativa-congreso-noticia/
El País (31 de mayo 2023). Al nuevo Defensor del Pueblo de Perú le falla la defensa. https://elpais.com/internacional/2023-05-31/al-nuevo-defensor-del-pueblo-de-peru-le-falla-la-defensa.html
Panamericana Televisión (23 de mayo de 2023). Josué Gutiérrez responde tras ser calificado de ‘deformidad’ por la comunidad LGBT. https://panamericana.pe/locales/381021-josue-gutierrez-responde-calificado-deformidad-comunidad-lgbt
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (31 de diciembre de 2011). Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas (OEA/Ser. L/V/II. Doc. 66). Organización de los Estados Americanos.
Naciones Unidas (23 de julio de 2018). Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (A/73/215). Asamblea General de las Naciones Unidas.
[1] Magistra en Derechos Humanos y Abogada por la PUCP. Candidata a Doctora por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). Docente universitaria PUCP y UTP. Investigadora en temas de derechos humanos, género y Derecho Internacional.
[2] Magister en Derechos Humanos por la PUCP. Candidato a Doctor por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). Docente universitario e investigador en derechos humanos y Derecho Internacional.